Luego de que la presidenta argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, haya informado del envío al poder legislativo nacional (Congreso), de un proyecto de ley que prevee la expropiación del 51% de YPF, expropiación en su totalidad contra casi todo el capital que la española Repsol ostenta de la petrolera; el gobierno español ha decidido limitar las importaciones de biodiésel al país sudamericano.
Pero la represalia española a la que la jefa de estado argentina ha llamado como una “decisión soberana”, poco puede repercutir en la economía de la nación gaucha, ya que desde el gobierno se tiene pensado redirigir esos productos al mercado interno.
El Gobierno español anunció el viernes la aplicación de la llamada 'Orden del Biodiésel', que reduce la compra de este biocombustibles a la Argentina y favorece a las empresas europeas.
La mandataria sudamericana atendiendo a la crisis energética debido al aumento del consumo electicro, hizo uso del instituto de derecho publico de la “expropiación”, previsto en el articulo 17 de la constitución argentina, que le garantiza al estado la facultad de expropiar todo tipo de bienes por causa de utilidad publica, previa ley y previa indemnización.
Es menester esta aclaración ya que la medida de Argentina esta amparada constitucionalmente y también dentro de las normas del Derecho Internacional; para nada se trata de una medida arbitraria, abusiva, o violentadota de ordenamiento juridico alguno; como distintos medios de comunicación y el gobierno español se han animado a insinuar.
Actualmente la española Repsol domina el 57% de las acciones de YPF, un 27% es manejado por el grupo Petersen y un 17% por empresas millonarias yanquis. De aprobarse el proyecto de ley que el ejecutivo argentino mandó al congreso; el estado de la nación latina se quedaría con el capital accionista mayoritario de la petrolera, un 51% (sacado integramente del patrimonio actual que domina Repsol en YPF), mientras que el 27% del grupo Petersen y el 17 % de empresas norteamericanas quedaría intacto, y Repsol pasaría a ocupar el lugar de menor accionista, con un 6%.
Según la presidenta argentina, la medida del gobierno español solo ataca contra su propio pueblo, pues mientras que Argentina solucionará el problema redirigiendo esos productos al mercado interno, España pagará más caro el biocombustibles, lo que afectará su economía.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue creada en 1922 durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, en 1949 poniendo en vigencia el constitucionalismo social emanado de los derechos de segunda generación (económicos, sociales y culturales), el General Juan Domingo Perón le da rango constitucional a la cuestión del petróleo y del subsuelo.
Luego de 20 años de la crisis 92-99 en la que la empresa se fue vendiendo al extranjero en especial a Repsol; el estado argentino retoma el control de YPF, un sueño que durante estas dos décadas recorrió la cabeza del argentino común.
Fuente: RT
