A primera hora del viernes de la semana pasada, mas de 50 mujeres de agentes de seguridad de bajo rango y miles de los citados uniformados, iniciaban la protesta contra el gobierno nacional en demanda de mejoras salariales; protesta que luego se convertiría en un motín a gran escala, debido a la toma de cuarteles de policías y destacamentos departamentales de La Paz y otros importantes centros urbanos de Bolivia.
Los manifestantes exigen un incremento del 70% en su salario, jubilación con el 100% del sueldo y el levantamiento de la prohibición de opinar públicamente de política.
Ante dichas demandas, el gobierno boliviano evaluó la situación y concluyó que lss mismas son de muy difícil promulgación, puesto que el estado boliviano no estaría en condición de poder acreditar 14 millones de dólares mensuales a dicha área.
Ante esta negativa, los policías manifestantes decidieron radicalizar la protesta y en el día de ayer llegaron a las cercanías del palacio de gobierno en La Paz; donde chocaron con manifestantes que defienden la institucionalidad y el proceso gubernativo impulsado por Evo Morales.
Allí, ambos grupos se enfrentaron en las inmediaciones de la casa de gobierno boliviana, donde los agentes policiales amotinados desfilaron disparando al aire y lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los seguidores de Morales.
El mandatario boliviano a quien las protestas policiales el pasado viernes lo sorprendieron mientras participa en Brasil de la cumbre Rio +20; ya en Bolivia, ha afirmado que ve afanes golpistas en el actual conflicto y acusó a la derecha de infiltrarse entre los agentes de bajo rango que demandan un aumento salarial.
Mas allá de esto, Evo aseguró que no sacará a las Fuerzas Armadas para enfrentar a los agentes amotinados porque a su juicio, es lo que quiere la oposición para provocar disturbios graves y muertes.
A la par del motín de los uniformados, el gobierno boliviano debe enfrentar las protestas de campesinos indígenas que rechazan la construcción de una ruta en la Amazonia boliviana a 90 kilómetros de la paz; situación esta, idéntica a la que el propio gobierno de Morales tuvo que enfrentar el año pasado, cuando intentó construir una ruta de mas de 300 kilómetros destinada a facilitar el trafico de los productos generados en la zona y a unir a los departamentos de Cochabamba y Beni.
En aquella ocasión, expertos en política internacional y miembros del gobierno boliviano, informaron de los lazos que algunas de las organizaciones manifestantes tenían con Washington.
Luego de una dura represión por parte del gobierno que provocó la renuncia de varios ministros nacionales y de la continua lucha de las colectividades indígenas; el gobierno boliviano claudicó frente a los protestantes y decidió dar marcha atrás con el proyecto que garantizaría la unión de dos grandes departamentos de Bolivia.
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