Gobierno brasilero avasalla derechos de aborígenes.

El jefe Raoni de la etnia Kayapó se abate de dolor al enterarse que el Gobierno autorizó la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte

Ante la licencia de obras que da luz verde a la hidroeléctrica Belo Monte, el pasado jueves la organización Amnistia Internacional instó al gobierno brasilero a suspender el proyecto hasta que los derechos de las poblaciones indígenas estén garantizados.
“Brasil debe acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender la construcción de la represa de Belo Monte hasta que los derechos de las comunidades indígenas locales estén plenamente garantizados”, indicó Guadalupe Marengo, subdirectora de la región Américas de la organización.
“Continuar con la construcción de la represa antes de asegurarse de que los derechos de las comunidades indígenas estén protegidos equivale a sacrificar los derechos humanos por el desarrollo”, agregó a través de un comunicado emitido desde Londres.
Guadalupe Marengo se refiere a la petición que hizo la CIDH, órgano autónomo de la OEA, en abril pasado para que Brasil suspensa de manera inmediato la construcción de la hidroeléctrica y consultara con los pueblos indígenas afectados por el impacto social y ecológico.
La polémica también fue abordada por organizaciones brasileñas que se oponen al proyecto el día de ayer 3 de junio, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Las organizaciones Conectas, Sociedad Paranaense de Derechos Humanos (SDHH) en la sesión del consejo celebrada en Ginebra se opusieron tajantemente a la reciente aprobación del proyecto.
“Expresamos nuestra preocupación con la actitud del Gobierno brasileño hacia las medidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos en beneficio de las comunidades afectadas por la obra”, expresaron los representantes de los organismos en su presentación en Ginebra.
“La construcción de la usina de Belo Monte amenaza impactar inevitablemente la vida y la integridad de 24 pueblos indígenas, ribereños y agricultores que viven allí teniendo en cuenta el desplazamiento forzado y la inseguridad alimentaria e hidrológica con la pérdida de agua potable o el aumento de las enfermedades”, señala el comunicado.
“El gobierno brasileño viene ignorando sistemáticamente alertas de la comunidad científica, de la sociedad civil organizada, ambientalistas, pueblos indígenas, fiscalía y organizaciones de derechos humanos”, aseguró Roberta Amanajás, abogada de SDDH.

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